Helicóptero MI-17
Helicóptero MI-17.
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La Nación recupera 20 millones de dólares por incumplimiento en helicópteros MI-17

Advertencias de la Contraloría General de la República evitaron la materialización de daños patrimoniales al Estado.

Tras la advertencia y vigilancia fiscal iniciada en septiembre del 2025, el Tesoro Nacional recibió veinte millones de dólares (USD 20.000.000) provenientes de la aseguradora de los helicópteros MI-17.

En el desarrollo de dicha actuación, la Contraloría General advirtió oportunamente que estos recursos se encontraban en riesgo, debido a que el Ministerio de Defensa Nacional no había iniciado las actuaciones necesarias ante el incumplimiento del contratista y a su vez la correspondiente reclamación ante la aseguradora, situación que podía derivar en un detrimento al patrimonio público.

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"Como parte del ejercicio de control fiscal, la entidad realizó un seguimiento técnico y permanente, que incluyó la visita al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros Mi-17, así como visitas a los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos, además del análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora, lo que permitió verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente", indicó la Contraloría.

El ingreso efectivo de estos recursos a las arcas de la Nación constituye un resultado concreto del control fiscal preventivo y concomitante, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado y a la defensa del patrimonio público.

La Contraloría verificará que el pago corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios correspondientes.

Este órgano de control, continuará ejerciendo vigilancia rigurosa sobre los contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento y operación de aeronaves de la Fuerza Pública, con el fin de prevenir riesgos fiscales y garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

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